El Real Madrid pierde su batalla judicial contra LaLiga por los derechos audiovisuales: la demanda, desestimada íntegramente

Un tribunal madrileño ha dado la razón a LaLiga en su pulso legal con el Real Madrid. La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha emitido la Sentencia 206/2026, fechada el 23 de julio, por la que rechaza de forma total la demanda presentada por el club blanco contra la organización que rige el fútbol profesional español, condenando además al Real Madrid al pago de las costas del proceso.

El litigio giraba en torno a la solicitud del club merengue de anular un acuerdo adoptado por la Junta de Primera División de LaLiga el 4 de agosto de 2023, que establecía los criterios para distribuir los ingresos audiovisuales vinculados a la implantación social. El tribunal ha concluido que dicho acuerdo se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, amparándose en el artículo 5.4 del Real Decreto-ley 5/2015, y que fue aprobado con la mayoría cualificada de dos tercios exigida por la ley.

El sistema de reparto aprobado combina el criterio de audiencias con un componente ligado a la colaboración voluntaria de cada club en iniciativas para mejorar el producto televisivo. El tribunal subrayó que esta fórmula tiene carácter de incentivo y que no despoja a ningún club de sus derechos audiovisuales propios.

El fallo también rechazó expresamente la existencia de abuso de derecho por parte de LaLiga y destacó un elemento llamativo: el Real Madrid no presentó prueba técnica alguna que acreditara el perjuicio económico concreto que alegaba haber sufrido.

No es la primera derrota judicial del club en este asunto. Con anterioridad, el Real Madrid había intentado la vía penal mediante una querella por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y corrupción privada contra LaLiga y su presidente. Aquella querella fue inadmitida en septiembre de 2023 y la decisión fue posteriormente ratificada por la Audiencia Nacional.

La sentencia civil no es firme todavía, y el Real Madrid dispone de veinte días hábiles para interponer recurso de apelación.